La Generalitat no está dispuesta a pagar con dinero público el crédito que Bancaja concedió a la Fundación del Valencia, a pesar de la insolvencia de la entidad máxima accionista del club de Mestalla. El Consell exigirá al club y al organismo que preside Társilo Piles que resuelvan sus problemas económicos sin tener que recurrir al gobierno valenciano. A pesar de que el crédito de 81 millones de euros que debe devolver la Fundación está avalado por el IVF, la Generalitat tiene muy claro que la entidad blanquinegra, como sociedad anónima deportiva, debe hacer frente a sus compromisos.
Por eso, ha citado a los dos máximos responsables, Manuel Llorente y Társilo Piles, para que expliquen la semana que viene al conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, cómo piensan solventar el problema. Deben encontrar un modo de financiación con urgencia. Tienen seis meses de tiempo.
Es el plazo que hay hasta el 26 de noviembre. Son tres meses hasta agosto, fecha del vencimiento de los 5'6 millones de euros en concepto de intereses, y otros tres que brinda la ley antes de que recaiga sobre el organismo que preside Társilo Piles una declaración formal de morosidad. Medio año que se presenta como una carrera para encontrar la forma de hacer frente a esa cantidad de dinero.
El Consell ya les ha hecho saber que es inviable e incluso inasumible para el erario público abonar esos más de cinco millones. Hay que recordar que el préstamo está avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente del gobierno valenciano. Pero la realidad es que el problema afecta a la Fundación, que no puede recibir dinero del Valencia y por tanto no tiene más forma de autofinanciarse que vender acciones, algo que no hará este verano.
En esta línea, pero de forma más tibia, se expresó ayer el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, que manifestó que negociarán con el club y la Fundación «para tratar de alcanzar una solución satisfactoria para las tres partes», como indicó en la rueda de prensa del pleno del Consell.
«Quedan casi tres meses para que venza», dijo José Císcar, aunque en realidad son seis por la prórroga. «No es una cosa que se vaya a producir inmediatamente, pero en prevención de lo que pueda llegar, vamos a sentarnos con el presidente de la Fundación y el del Valencia para analizar la situación y ver cuáles son sus posibilidades, qué soluciones podemos encontrar entre todos», admitió el vicepresidente autonómico.
Este plazo de medio año permite trabajar con rapidez, pero más relativa, y por eso en el Consell confían en que las tres partes implicadas alcancen acuerdos beneficiosos, según Císcar: «De momento, lo que pensamos es que hay tiempo para encontrar alguna solución que sea satisfactoria para el Valencia, para su Fundación y para la Generalitat».
Así pues, al máximo accionista del club blanquinegro le esperan unos meses cargados de tensión y responsabilidad para encontrar capital. Si llegado el 26 de noviembre, el organismo no puede pagar, Bankia ejecutará el aval, ya que la entidad bancaria no quiere alargar más la situación, debido al grave momento por que está pasando.
Esto implicaría que las acciones pasarían a ser del avalista, al fin y al cabo la Generalitat, que debería asumir también la deuda de 81 millones, salvo que adelantase el pago de los 5,6 millones, algo a lo que no está dispuesta. Y además el club sería de titularidad pública, una vía que nadie quiere y que desde el Consell se está dejando claro que no ocurrirá.
Se inicia la cuenta atrás en la búsqueda de dinero para la entidad valencianista, una responsabilidad que le está asfixiando y que deberá solventar por sus propios medios, sin la ayuda pública del Consell, que ya le ha respaldado en numerosas ocasiones anteriormente.
