Muchísimo antes de lo esperado va a tener que enfrentarse el consejo de administración del Valencia a una decisión nada habitual en los clubes de fútbol. El 13 de enero, en reunión oficial, la directiva que preside Manuel Llorente decidía ejecutar el fallo que obligaba a Valencia Experience a pagar 5 millones de euros al club por el bluf del patrocinador. Además, en esa misma reunión, y eso es lo que más inquieta a la afición, el consejo manifestaba su disposición de actuar contra los antiguos gestores del club por su responsabilidad en el caso de que no se cobrara ni un céntimo de ese contrato.
Pues bien, aunque el juzgado todavía tiene pendiente enviar la notificación correspondiente a Product Management Council (matriz de Valencia Experience) del embargo de los bienes (luego tendrá 10 días de plazo para contestar), extraoficialmente Vicente Sáez-Tormo, como administrador único, ya ha dejado claro que no posee ningún bien. «La ejecución es fallida. El Valencia no va a cobrar y debe saberlo desde hace tiempo. No hay fondos porque la empresa es insolvente», afirma con absoluta claridad un portavoz de Sáez-Tormo.
Ahora, todo el proceso se va a acelerar de una manera considerable. Sobre todo después de que este mismo mes Vicente Sáez-Tormo diera marcha atrás en su intención de presentar el recurso pertinente a la sentencia. Esa fue su primera reacción, pero después de meditarlo cambió de opinión. De esta manera, el caso Valencia Experience no acabará como se temía en la Audiencia Provincial. Se preveía esto por el considerable retraso que eso provocaría en los plazos, no porque el Valencia tuviera en ningún momento alguna duda sobre sus posibilidades de éxito.
La sentencia judicial era contundente, ya que el fallo recoge que Valencia Experience ha incumplido «radicalmente» sus compromisos (tres pagos de dos millones de euros cada uno) y, además, añade la buena fe del club que pudiendo pedir seis millones de euros de indemnización optó por descontar el que ingresó a través de Unibet.
De fondo están los famosos avales fantasma que tanto Juan Soler como Agustín Morera, en sus respectivas declaraciones, achacaron a Jesús Wollstein, por entonces consejero delegado y hombre que propuso el contrato de patrocinio. No hubo ni las prometidas garantías bancarias ni cumplimiento en los pagos, pero sí publicidad gratuita de un proyecto empresarial que se vino abajo pese a los esfuerzos de Sáez-Tormo, como dijo ante el juez, de ponerlo en marcha.
Esta insolvencia, manejada desde un primer momento por los servicios jurídicos del club y asumida por los consejeros valencianistas, abrirá ahora el famoso debate de si hay o no que actuar contra los antiguos dirigentes. De manera privada, algunos elementos del consejo no dudan en que hay que ir con todas las consecuencias para defender los intereses del club.
Públicamente, el consejo prefiere moverse con mucha más prudencia y esperar a que se vayan cumpliendo los plazos para macerar si toma o no la decisión de ir a por Soler, Wollstein o a por los integrantes de aquella directiva de 2008 que se dejó engañar y manchó gratis la camiseta valencianista.
La sentencia lanzaba un puyazo sobre Wollstein: «Informaba positivamente en este sentido (los avales) a los miembros del órgano de administración de la entidad». Fue Morera el presidente que heredó esta patata caliente y Vicente Soriano el que posteriormente acudió al juzgado para actuar contra Valencia Experience.
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