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martes, 24 de mayo de 2011

El hotel no construido cuesta al club 5,2 millones


Doble protagonismo del Valencia en los juzgados. Mientras una de las resoluciones beneficia al club, la otra constata que habrá que desembolsar más de cinco millones por el proyecto fallido de un hotel y un aparcamiento junto a Mestalla. Entretanto, el Tribunal Superior (TSJ) se ha inhibido en una petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que buscaba la ejecución de la sentencia que declaraba ilegal la última ampliación del coliseo blanquinegro.
En este sentido, tanto el escrito formulado a la sala como el abogado de los vecinos, Luis Alventosa, habían subrayado que su intención era «no causar ningún perjuicio ni al equipo ni a su afición. Sin embargo, en la petición se califica de «imprescindible» que se determinen unos plazos para cumplir la sentencia de 2005.
En caso de que se ejecutase ese fallo, implicaría el derribo de la ampliación de Mestalla llevada a cabo hace más de una década. El TSJ ha desestimado la petición de los vecinos de que el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Urbanismo revisasen la ordenación de la zona y marcasen los plazos para que se cumpliese el fallo.
La otra sentencia que afecta a los intereses de la entidad blanquinegra llega del Supremo en relación a las indemnizaciones por el hotel no construido en el entorno de Mestalla. En principio, el Valencia llegó a hacer una provisión de nueve millones para compensar a las empresas afectadas por la decisión que tomó el club en 2004. El proyecto contemplaba un hotel y un aparcamiento, pero cuando se planteó la reparcelación de la zona del actual campo de Mestalla, el contrato se rompió.
El Valencia negoció con las dos empresas afectadas, la que iba a explotar el hotel y la que sacaría partido del aparcamiento. Con la primera mercantil, el club llegó a un acuerdo para pagar 4,3 millones, en lugar de los más de siete que debía abonarle por contrato.
Sin embargo, no se llegó a un acuerdo con la empresa que iba a gestionar el párking, por lo que ambas partes deberán acogerse a la sentencia del Supremo que acaba de hacerse pública y que fija la indemnización en 900.000 euros.

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