Andrés Sanchis pretende que quede claro primero cómo se formuló el escrito antes de actuar contra el verdadero responsable del hecho
C. V. | VALENCIA..-
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La querella que hay abierta contra Manuel Llorente, José Luis Olivas, Javier Gómez y Társilo Piles tiene un nuevo elemento. Andrés Sanchis ha solicitado al juez que se amplíe contra el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en concreto contra la persona bajo cuya responsabilidad se concedió el aval para que la Fundación solicitara el préstamo inicial de 75 millones a Bankia.
Este nuevo movimiento se produce después de que el juez de los Contencioso-Administrativo dictara una sentencia por la cual invalidaba el aval del IVF, dejando en una difícil situación a Bankia y devolviendo la escena accionarial de la sociedad a verano de 2009, cuando la Fundación se quedó con la mayoría aplastante de las acciones del club.
Andrés Sanchis es el accionista que ha interpuesto esa querella por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos. Considera este abogado que incluyendo al IVF, al juez se le debe informar con claridad «quién decidió firmar ese aval, cómo y por qué se autorizó y bajo qué condiciones», con el fin de determinar con más exactitud «al verdadero responsable».
Hay que recordar que el documento por el cual el IVF se comprometía a avalar el crédito tiene la firma de Enrique Pérez Boada, que en aquel agosto de 2009 era el director de este organismo, dependiente de la Conselleria de economía que dirigía Gerardo Camps. De hecho, Camps participó en aquella famosa foto que se hizo sobre el mismo césped de Mestalla para celebrar el acuerdo al que llegaron todas las partes.
En esa foto, además de Gerardo Camps, estaba Manuel Llorente como presidente del Valencia, José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Carlos de Miguel en representación de Piles, por la Fundación. El documento en el que el IVF accedía a ser avalista está firmado por Pérez Boada pero previamente, y como ocurre con cualquier tipo de operación de estas características, pasaba antes por una comisión de inversiones formada por cuatro miembros que era la que tenía poder de decisión: José Manuel Vela, Luis Lobón, Pepe Roca y Francisco Andreu. Los dos primeros eran secretarios autonómicos, Roca en representación de los empresarios y Andreu por parte de los sindicatos.
«Es difícil que Pérez Boada tuviera verdaderas competencias sobre un asunto de esta envergadura. Por eso queremos saber cómo se tramitó el aval, porque lo normal es que fuera el propio conseller el que tuvo un papel fundamental. No obstante, hay que ver primero contra quién lo dirigimos».
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