La jueza ordena la ejecución provisional de la sentencia que anula la garantía del IVF y el banco anuncia que recurrirá
10.07.13 - 00:42 -
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La Fundación se queda sin colchón a 48 días de tener que pagarle a Bankia los intereses por el préstamo de 81 millones que le concedió para la compra de la mayoría accionarial del Valencia. La jueza que anuló el aval del IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) dejó, por el momento, al banco con la única garantía de esos títulos. Este es el nuevo panorama que se desprende del auto del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia, que dictamina la ejecución provisional de la sentencia que anula dicho aval.
La decisión de la juez Laura Alabau no es firme, ya que cabe un recurso ante el TSJ en los próximos 15 días. De hecho, fuentes de Bankia ya anunciaron ayer por la tarde que apelarán contra este auto. Mientras tanto, desde la Generalitat insisten que sólo aceptarán su condición de avalistas cuando lo ordene un juez.
En la Fundación se recibió la noticia con extrañeza, sin entender la razón por la que la magistrado ha adoptado esa decisión. El máximo accionista del Valencia no puede recurrir porque no está personado en ese pleito. Por este motivo, les queda negociar con Bankia. Su presidente, Aurelio Martínez, quiere reunirse con Bankia para alcanzar un acuerdo y refinanciar la deuda.
El próximo 27 de agosto la Fundación debe pagar 4,8 millones de euros, correspondientes a los intereses de 2013. A día de hoy, el patronato no tiene ese dinero. Después del auto de ayer, a Bankia sólo le quedan dos caminos: alcanzar un acuerdo con su deudor, o ejecutar el crédito y quedarse con las acciones, convirtiéndose en el propietario del Valencia.
Ahora mismo la Fundación dispone de alrededor de 1,5 millones de euros, acumulados de beneficios anteriores, y hasta ahí es donde podría llegar. Después deberían establecer un plan de pagos para los 3,3 que faltan. El organismo confía en que la entidad financiera acepte este acuerdo: entiende que demuestra una voluntad de pago, y que a Bankia tampoco le interesa ser el dueño de un club de fútbol.
Aunque la refinanciación que se busca con Bankia no afecta sólo a los intereses, eso es lo más inmediato. El acuerdo que pretende alcanzar Aurelio Martínez se extiende a los 81 del crédito de la Fundación y los 200 de deuda del club. Todo esto queda ahora pendiente de un hilo pues, como el propio presidente del patronato ha admitido en varias ocasiones, el pacto sería más sencillo si se cuenta con el aval.
A la Generalitat, por contra, el auto de ayer, como la sentencia en si, le favorece. A pesar de ser un fallo en contra, le exime de un aval que ya le obligó a principio de año a abonar 4,8 millones de euros a Bankia. Por ello, la versión oficial del Gobierno valenciano ayer era que no va a recurrir el auto de ejecución provisional del fallo y que sólo asumirá su rol de avalista si lo ordena un juez. Respecto a hacerse cargo de una posible deuda de la Fundación a partir del 27 de agosto, las mismas fuentes aplazaron esta decisión al momento en que la jueza se pronuncie sobre el recurso de Bankia contra la sentencia.
De esto se desprende, por tanto, que si no hay un nuevo capítulo judicial antes de 48 días, el Consell no pagará. Bankia, por su parte, formulará su segundo recurso en este proceso, este contra la decisión de la jueza hecha público ayer, «por estimar que es contraria a derecho y lesiva para sus intereses al ejecutar una sentencia dictada en primera instancia en un procedimiento en el que no fue parte y en el que no pudo ejercer su derecho de defensa». La abogada del banco señala que si se ejecuta la sentencia se vulnera el derecho fundamental de este a la tutela judicial y que se producirían «efectos irreversibles», ya que con el aval anulado, la entidad financiera debería hacer una provisión de 24 millones.
La abogada ya argumentó de este modo, como publicó el viernes pasado LAS PROVINCIAS, precisamente su petición a la jueza de que no aceptase la ejecución provisional de la sentencia, como habían solicitado los demandantes. El banco entiende que el aval es «válido» y va a ejercer «cuantas acciones y derechos le competan para exigir su cumplimiento en las todas las instancias que correspondan».
La letrada, además, mantiene que si la Fundación no paga los intereses, debería convocar concurso de acreedores forzoso. En esto coincide con Ausbanc, la entidad que colaboró con los dos socios del Valencia que iniciaron el proceso judicial que por el momento ha desencadenado en la anulación del aval del IVF.
En el auto hecho público ayer, la jueza refleja que la razón de la ejecución provisional de la sentencia es «impedir que los fondos públicos, necesarios para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, se destinen a satisfacer intereses puramente privados de Bankia, o bien los fines que dice sustentan la constitución de la Fundación, y que ninguna relación guardan con el accionariado» del Valencia.
Ahora el siguiente episodio, si antes no se resuelve uno de los dos recursos de Bankia, se traslada de los juzgados a los despachos. La Fundación está obligada a buscar un acuerdo con el banco, esta vez sin el respaldo del aval.
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