El juzgado insta al Valencia a aportar en un plazo de cinco días la 'due diligence' que Salvo y Aurelio Martínez guardan con celo
J. MOLINS | VALENCIA..-
J. MOLINS | VALENCIA..-
El expresidente del Valencia Manuel Llorente deberá declarar en calidad de imputado ante el juez el próximo 20 de enero, después de que la Audiencia ordenara hace dos semanas reabrir el caso por la denuncia que presentó el abogado Andrés Sanchis, al frente de un grupo de querellantes, contra la ampliación de capital de 2009. El letrado, azote de Llorente durante su etapa al frente del club, y en los últimos se ha convertido en el azote de la entidad. Junto al exdirigente, también están llamados a declarar Társilo Piles, Javier Gómez y José Luis Olivas, que mantienen su imputación.
Además, el Valencia ha recibido la orden judicial de presentar la auditoría que realizó KPMG en el juzgado de Instrucción número tres de la ciudad de la Justicia, y para ello tiene un plazo legal de sólo cinco días. No obstante, ambas determinaciones no son firmes y por tanto pueden ser recurribles por parte del club y del exdirigente.
De esta forma, Sanchis conseguirá que Llorente acuda por segunda vez al juzgado, aunque en esta ocasión por la vía penal. En la anterior fue por lo civil, junto a Juan Soler, el propio Gómez y Mariola Hoyos. El pasado verano el juzgado decidió archivar la denuncia, pero la Audiencia Provincial la reactivó hace sólo unos días, tras aceptar el recurso de apelación del abogado y los querellantes, que ven de esta forma cumplido su objetivo.
A los imputados, los expresidentes del Valencia, el de la Fundación y el de Bancaja, se les responsabiliza de un presunto delito de estafa, falsedad de documentación pública, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos, después de que la Fundación se hiciera con las acciones tras solicitar un crédito de 75 millones de euros al por aquel entonces banco valenciano.
Como una de las pruebas de la que Sanchis considera mala gestión de Llorente, el club ahora tiene que presentar ante el juez la 'due diligence' que hizo KPMG y que Aurelio Martínez explicó en agosto. Se trata de un informe detallado con los ingresos y gastos del club en los últimos cinco años. Aunque Llorente está «muy tranquilo» al respecto, como aseguró hace unos días.
Este documento apenas ha salido de las oficinas del club. En la entidad son muy recelosos de enseñarlo a nadie, más allá de aquella presentación ante los medios de comunicación que realizaron. Amadeo Salvo ha recibido numerosas peticiones de personas que están dispuestas a traer un inversor para que les entregue el documento. Sin los números delante nadie está dispuesto a pagar más de cien millones de euros para acabar el estadio. Pero ahora no les queda más remedio que hacerla pública ante el juez.
Hasta ahora no había manera de que el actual presidente blanquinegro ceda y deje el valioso informe en manos ajenas. Uno de los que lo ha pedido en varias ocasiones y ya ha desistido en su empeño es Alfonso Rus, presidente de la Diputación, que desde hace meses está buscando inversores.
Pero el fiscal del caso solicitó esta 'due diligence' y por tanto verá la luz. A pesar de que la conclusión de la empresa auditora y de los actuales dirigentes del club es que no se aprecia ninguna irregularidad durante el mandato de Llorente, a quien libera de responsabilidad. Por eso su abogado, Daniel Morata, se opuso a la petición del fiscal, considerando que no tenía ningún sentido pedirla precisamente ahora. Pero finalmente la Audiencia ha decidido que sí es necesario, y además deberán hacerlo en cinco días.
Lo que realmente pretende conocer Sanchis, en representación de los querellantes, es cuál fue el encargo exacto que hizo el Valencia a KPMG para que realizara esta 'due diligence'. Principalmente de qué forma se trató la recompra que tuvo que hacer el club de la parcela del viejo Mestalla que le vendió a Juan Soler, algo que para Sanchis provocó una grave alteración de la contabilidad del club en ese momento. Un informe de un profesor de la Universidad Politécnica, que llevó personalmente Sanchis a Aurelio Martínez, dudaba de cómo se llevó a cabo la recompra de esa parcela por parte de la entidad a Soler.
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