El abogado plantea a la Generalitat una nueva vía para desvincularse del
crédito de la Fundación aunque prospere el recurso de Bankia
C. V. | VALENCIA..-
A dos meses y medio para que la Fundación vuelva a decirle a Bankia que no puede pagar 4,8 millones por los intereses del préstamo, se mastica un nuevo órdago cuyo destino final es la Generalitat y que tiene a la Fundación del Valencia y al banco como damnificados. A la Conselleria de Gobernación y Justicia, de la cual depende el Protectorado de las Fundaciones, ha llegado un escrito del abogado de los socios que en marzo tumbaron vía judicial el aval del IVF.
En dicho escrito, el letrado José Antonio Pérez Vercher solicita a la Conselleria que se ponga manos a la obra y que proceda a comunicar a la Fundación del Valencia la necesidad de instar una nueva autorización del «gravamen de las acciones de su titularidad», bajo el argumento de que han cambiado las circunstancias. Luego pide también que si existen requisitos legales para ello lo «autorice», pero solicita después que de «no concurrir los requisitos necesarios, denegar el gravamen, con los efectos que puedan derivar de dicha denegación». Y ahí es cuando esto adquiere cierta dimensión al contemplar, en su opinión, el supuesto de un «nuevo y claro ejemplo de ayuda pública».
En estos momentos, Fundación, Generalitat y Bankia no saben quién es el avalista de esos 81 millones del préstamo más los intereses correspondientes. La sentencia de marzo anuló el aval de la Generalitat y al ejecutarlo Bankia pasó a dominar las acciones, que eran la garantía. Pero el recurso presentado por el banco lo ha dejado todo en el aire, a la espera de que lo que diga la juez.
Todas las partes asumen su rol dentro de esta extraña partida de ajedrez. La Fundación dice que tarde o temprano, el aval volverá a recaer en la Generalitat. Es lo que ha afirmado sin pudor Aurelio Martínez. Bankia opina lo mismo, porque sabe que es la única forma de cobrar, ante la insolvencia de la Fundación. Y la Generalitat juega a dos caras: es consciente de que si se le impone de nuevo del aval todo volverá a la ';normalidad';, pero sabe que ésta una medida antipopular. Císcar ha repetido muchas veces que sólo volverán a avalar si lo decide un juez.
Pero ahora entran en escena unos actores que parecían olvidados. Esos demandantes que consiguieron que se anulara el aval, ponen en bandeja a la Conselleria nuevos argumentos para que, llegado el caso, exista una puerta por la cual la Generalitat pueda ';escaparse'; del aval si, de verdad, así lo desea.
Por eso recuerda en su escrito al Protectorado que está obligado a intervenir ante la situación de insolvencia de la Fundación, debiendo proponer ante la falta de recursos de la misma su liquidación como única salida legal. En caso contrario, avisa que los técnicos del Protectorado y los dirigentes de la Conselleria tienen responsabilidad penal. Para justificar su estrategia, Pérez Vercher expone que como han cambiado «los términos», se «requerirá una nueva autorización».
Y ahí es cuando entran hechos como el nuevo valor nominal de las acciones del Valencia (de 48,08 a 24,16 euros) y que la nueva Fundación, además, ya ha dejado claro que no va a vender los títulos. En su opinión, «la Fundación a requerimiento de Bankia vendrá obligada a ampliar la garantías en la diferencia», necesitando así modificar «la autorización inicial».
http://valenciacf.lasprovincias.es/noticias/2013-06-16/nuevo-ordago-para-consell-20130615.html
C. V. | VALENCIA..-
A dos meses y medio para que la Fundación vuelva a decirle a Bankia que no puede pagar 4,8 millones por los intereses del préstamo, se mastica un nuevo órdago cuyo destino final es la Generalitat y que tiene a la Fundación del Valencia y al banco como damnificados. A la Conselleria de Gobernación y Justicia, de la cual depende el Protectorado de las Fundaciones, ha llegado un escrito del abogado de los socios que en marzo tumbaron vía judicial el aval del IVF.
En dicho escrito, el letrado José Antonio Pérez Vercher solicita a la Conselleria que se ponga manos a la obra y que proceda a comunicar a la Fundación del Valencia la necesidad de instar una nueva autorización del «gravamen de las acciones de su titularidad», bajo el argumento de que han cambiado las circunstancias. Luego pide también que si existen requisitos legales para ello lo «autorice», pero solicita después que de «no concurrir los requisitos necesarios, denegar el gravamen, con los efectos que puedan derivar de dicha denegación». Y ahí es cuando esto adquiere cierta dimensión al contemplar, en su opinión, el supuesto de un «nuevo y claro ejemplo de ayuda pública».
En estos momentos, Fundación, Generalitat y Bankia no saben quién es el avalista de esos 81 millones del préstamo más los intereses correspondientes. La sentencia de marzo anuló el aval de la Generalitat y al ejecutarlo Bankia pasó a dominar las acciones, que eran la garantía. Pero el recurso presentado por el banco lo ha dejado todo en el aire, a la espera de que lo que diga la juez.
Todas las partes asumen su rol dentro de esta extraña partida de ajedrez. La Fundación dice que tarde o temprano, el aval volverá a recaer en la Generalitat. Es lo que ha afirmado sin pudor Aurelio Martínez. Bankia opina lo mismo, porque sabe que es la única forma de cobrar, ante la insolvencia de la Fundación. Y la Generalitat juega a dos caras: es consciente de que si se le impone de nuevo del aval todo volverá a la ';normalidad';, pero sabe que ésta una medida antipopular. Císcar ha repetido muchas veces que sólo volverán a avalar si lo decide un juez.
Pero ahora entran en escena unos actores que parecían olvidados. Esos demandantes que consiguieron que se anulara el aval, ponen en bandeja a la Conselleria nuevos argumentos para que, llegado el caso, exista una puerta por la cual la Generalitat pueda ';escaparse'; del aval si, de verdad, así lo desea.
Por eso recuerda en su escrito al Protectorado que está obligado a intervenir ante la situación de insolvencia de la Fundación, debiendo proponer ante la falta de recursos de la misma su liquidación como única salida legal. En caso contrario, avisa que los técnicos del Protectorado y los dirigentes de la Conselleria tienen responsabilidad penal. Para justificar su estrategia, Pérez Vercher expone que como han cambiado «los términos», se «requerirá una nueva autorización».
Y ahí es cuando entran hechos como el nuevo valor nominal de las acciones del Valencia (de 48,08 a 24,16 euros) y que la nueva Fundación, además, ya ha dejado claro que no va a vender los títulos. En su opinión, «la Fundación a requerimiento de Bankia vendrá obligada a ampliar la garantías en la diferencia», necesitando así modificar «la autorización inicial».
http://valenciacf.lasprovincias.es/noticias/2013-06-16/nuevo-ordago-para-consell-20130615.html
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