La Generalitat se muestra convencida de que no se abrirá expediente, como ya sucedió en 2011
pedro valero valencia
El vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, reconoció ayer que la
Comisión Europea ha vuelto a solicitar toda la información relacionada
con el aval que el gobierno valenciano concedió a la Fundació València
CF, mediante el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en el verano de
2009. Aquella garantía ante Bankia permitió entonces que la Fundació
accediese a un préstamo de 75 millones de euros con el que pudo
apropiarse del 70,4% de las acciones del Valencia CF.
Una pregunta al
respecto, formulada en Bruselas por el eurodiputado socialista, Andrés
Perelló, el pasado mes de abril, ha motivado la revisión, por parte de
las autoridades europeas, de las ayudas públicas que el Consell ha
otorgado a diferentes clubes deportivos. No sólo se analiza el caso del
Valencia CF, sino también el del Elche CF y el del Hércules CF. En
total, el IVF se ha visto obligado a desembolsar 32 millones de euros
ante la incapacidad de los propietarios de estas entidades para cumplir
con los plazos de sus respectivos créditos.
En el caso de que la
Unión Europea observe alguna ilegalidad en la aprobación de estas
garantías bancarias, el área encargada de vigilar por la competencia
leal en el mercado europeo, responsabilidad del comisario español
Joaquín Almunia, podría obligar a la Fundació a que restableciese todas
las ayudas recibidas de la Generalitat. Es decir, tendría que entregar
al IVF su paquete accionarial como contraprestación al aval financiero
dado en 2009. El diputado Perelló aseguró ayer a este periódico que
espera una respuesta por parte de la Comisión Europa en menos de un mes.
Desde
la Generalitat se sostiene que es improbable que se abra ningún
expediente, puesto que la Unión Europea ya requirió la misma información
en 2011. "Hace tiempo ya la pidió, la ofrecimos y nos contestaron que
no había problemas y ahora esperamos que ocurra lo mismo", señaló el
portavoz del Consell.
Dos argumentos basan la tranquilidad del
conseller. "Por una parte, el aval no fue para un club deportivo, sino
para a una fundación y, por otra, la ayuda no fue gratuita, sino que se
concretó a través de un aval establecido en condiciones de mercado",
explicó Císcar, quien descartó que esta solicitud tenga relación con la
sentencia de la jueza Alabau, que en su día consideró que la Generalitat
no es legalmente avalista del préstamo.
Fuentes del ejecutivo
valenciano aseveran que después de que la Unión Europea haya reclamado
esta información, la Generalitat no está obligada a alegar en favor de
la validez del aval, sino que únicamente tiene que aportar los datos
disponibles para que la Comisión Europea sea el órgano que decida si
existen irregularidades.
José Císcar admitió ayer haber mantenido
una reunión con el presidente de la Fundació València CF, Aurelio
Martínez, y con sus dos vicepresidentes, Antonio Paños y Amadeo Salvo.
José Císcar desveló que en el cónclave se le trasladó a los rectores de
la Fundació que la Generalitat no se hará cargo del aval, al menos hasta
que un juez diga lo contrario en una sentencia.
Además, destacó que
el proyecto liderado por Aurelio Martínez es "sólido, aún sin el aval" y
remarcó que en el encuentro detectó "ilusión e ideas claras" en los
patronos. El portavoz del Consell indicó que el próximo 27 de agosto la
Fundació podrá cumplir con los intereses del préstamo, 4,8 millones,
gracias "a sus propios recursos económicos". Interrogado sobre si el
conseller de Economía, Máximo Buch, ha tomado las riendas de la
problemática referente al club de Mestalla, subrayó que es un tema que
recae en los departamentos de Economía, Hacienda y Deportes. p.
v.valencia
Una pregunta al respecto, formulada en Bruselas por el eurodiputado socialista, Andrés Perelló, el pasado mes de abril, ha motivado la revisión, por parte de las autoridades europeas, de las ayudas públicas que el Consell ha otorgado a diferentes clubes deportivos. No sólo se analiza el caso del Valencia CF, sino también el del Elche CF y el del Hércules CF. En total, el IVF se ha visto obligado a desembolsar 32 millones de euros ante la incapacidad de los propietarios de estas entidades para cumplir con los plazos de sus respectivos créditos.
En el caso de que la Unión Europea observe alguna ilegalidad en la aprobación de estas garantías bancarias, el área encargada de vigilar por la competencia leal en el mercado europeo, responsabilidad del comisario español Joaquín Almunia, podría obligar a la Fundació a que restableciese todas las ayudas recibidas de la Generalitat. Es decir, tendría que entregar al IVF su paquete accionarial como contraprestación al aval financiero dado en 2009. El diputado Perelló aseguró ayer a este periódico que espera una respuesta por parte de la Comisión Europa en menos de un mes.
Desde la Generalitat se sostiene que es improbable que se abra ningún expediente, puesto que la Unión Europea ya requirió la misma información en 2011. "Hace tiempo ya la pidió, la ofrecimos y nos contestaron que no había problemas y ahora esperamos que ocurra lo mismo", señaló el portavoz del Consell.
Dos argumentos basan la tranquilidad del conseller. "Por una parte, el aval no fue para un club deportivo, sino para a una fundación y, por otra, la ayuda no fue gratuita, sino que se concretó a través de un aval establecido en condiciones de mercado", explicó Císcar, quien descartó que esta solicitud tenga relación con la sentencia de la jueza Alabau, que en su día consideró que la Generalitat no es legalmente avalista del préstamo.
Fuentes del ejecutivo valenciano aseveran que después de que la Unión Europea haya reclamado esta información, la Generalitat no está obligada a alegar en favor de la validez del aval, sino que únicamente tiene que aportar los datos disponibles para que la Comisión Europea sea el órgano que decida si existen irregularidades.
José Císcar admitió ayer haber mantenido una reunión con el presidente de la Fundació València CF, Aurelio Martínez, y con sus dos vicepresidentes, Antonio Paños y Amadeo Salvo. José Císcar desveló que en el cónclave se le trasladó a los rectores de la Fundació que la Generalitat no se hará cargo del aval, al menos hasta que un juez diga lo contrario en una sentencia.
Además, destacó que el proyecto liderado por Aurelio Martínez es "sólido, aún sin el aval" y remarcó que en el encuentro detectó "ilusión e ideas claras" en los patronos. El portavoz del Consell indicó que el próximo 27 de agosto la Fundació podrá cumplir con los intereses del préstamo, 4,8 millones, gracias "a sus propios recursos económicos". Interrogado sobre si el conseller de Economía, Máximo Buch, ha tomado las riendas de la problemática referente al club de Mestalla, subrayó que es un tema que recae en los departamentos de Economía, Hacienda y Deportes. p. v.valencia
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